Quienes Somos

Presentamos como evidencias, en sede judicial, las conversaciones de WhatsApp, el historial de llamadas,  las búsquedas realizadas en Internet o la localización GPS de un dispositivo móvil en un  intervalo de tiempo determinado.

La violencia de género  es un tipo de agresión que también tiene lugar por medios digitales y que se suele traducir en chantajes y acoso, realizado por una ex-pareja o por cualquier otra persona con interés en la victima.

Los informes de un perito informático son cruciales en un Tribunal para identificar una conducta de violencia de género digital, tanto para probarla, como para exonerar a un sospechoso ante una denuncia falsa.

La utilización de medios informáticos para acosar sexualmente a la víctima (por ejemplo, el child grooming, que consiste en utilizar la tecnología para contactar con menores de 16 años con el fin de abusar sexualmente de ellos o de obtener material pornográfico donde estén representadas la víctima u otros menores de edad), es un delito. De la mismo forma que también lo es, exhibirse obscenamente ante menores de edad o discapacitados y vender o difundir material pornográfico, o explotar sexualmente a los mismos.

Habitualmente existen evidencias que permiten demostrar  la existencia de estos contenidos, aunque el culpable hubiera intentado borrarlos u ocultarlos.

Interceptar telecomunicaciones, revelar secretos de empresa sustraídos por medios informáticos, apoderarse de documentos confidenciales o difundir, ceder o revelar dichos secretos incumpliendo la obligación contractual de preservarlos, es constitutivo de delito.

Un análisis forense puede revelar si se ha accedido a la información confidencial de la organización sin permiso.

Se considera delito apropiarse de datos personales (en cualquier formato) sin autorización, interceptar las telecomunicaciones, difundir contenido audiovisual que menoscabe la intimidad de una persona, aunque haya sido tomada con el permiso de esa persona.

Un informe pericial puede llegar a demostrar que un tercero ha accedido sin permiso a datos sensibles de una persona.

El delito de amenazas tiene lugar cuando un individuo actúa o acciona con la intención de hacer daño y crear inquietud en otra persona, manifestando el propósito de ocasionarle algún tipo de daño en el futuro.

Las evidencias que ayudan en estos casos son la declaración de peritos, aportación de correos electrónicos, mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram…) o grabaciones de audio y/o video.

Es fundamental aportar de forma correcta, en un procedimiento judicial, una grabación para que sea válida. Como peritos realizamos las siguientes actuaciones para que éstas se acepten  en un juicio:

• Determinamos si la cadena de custodia de la evidencia digital es correcta.
• Determinamos si las grabaciones  han sido manipuladas, es decir, su autenticidad e integridad.

Para poder  aportar publicaciones de redes sociales como evidencia  en un procedimiento judicial, con todas las garantías legales, es imprescindible contar con un perito que verifique y certifique si el contenido de dicha red social es auténtico o que ha podido ser manipulado.

La aportación de un informe pericial  realizado por un perito informático titulado, es la única vía para evitar una posible impugnación de la prueba presentada.

Las evidencias digitales pueden servirnos como medio de prueba en un proceso judicial, para  demostrar que una persona es víctima de acoso laboral. Pero es importante dejar claro que esas evidencias no han sido manipuladas por terceras personas, y es aquí donde entran en juego las periciales informáticas.

Gracias al informe del perito informático, podremos presentar, en sede judicial, cualquier correo electrónico, conversación mantenida por WhatsApp, publicación en página web o red social, SMS, etc, de forma que se garantiza:

• • Que usuario ha publicado la información.
  • La fecha y la hora de la publicación.
  • Que el contenido es auténtico, original y no ha sido manipulado.
  • Que esa comunicación ha sido recibida en  un determinado dispositivo electrónico.

Con el fin de obtener datos o información confidencial, realizar un fraude o causar daño reputacional, se realiza una apropiación de la identidad de otra persona o empresa. Guardar todas las evidencias es primordial en caso de haber sido victima de una suplantación de identidad, así como reportar el incidente.

Es un delito contemplado en el artículo 172 ter del Código Penal de España y en la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual y que se ha ampliado la protección legal contra esta forma de hostigamiento.

Una estafa muy habitual es la realizada con la tarjeta de crédito, mediante la recepción de un mensaje al móvil del  banco, donde solicitan datos de las credenciales de la tarjeta de crédito, o las de acceso a la banca online.  En estos casos lo mejor es borrar el mensaje.

Pero si ya es tarde, ese mensaje puede ser una evidencia determinante, en un futuro procedimiento judicial, para depurar responsabilidades.

El valerse de medios informáticos para cometer una estafa o un engaño con ánimo de lucro,  manipular información para sustraer patrimonio en perjuicio de un tercero es constitutivo de delito.

Mediante una prueba pericial se podrá demostrar si la información ha sido manipulada y presentarla como evidencia en sede judicial.